¿Qué está en juego? Claves de la reunión entre la Defensoría del Pueblo y el movimiento LGBTI
Este artículo tiene un propósito claro: rendir cuentas a la población LGBTI que confía en nuestras acciones frente al Estado, y explicar a la sociedad por qué insistimos en que el problema no es cultural, ni simbólico, ni administrativo, sino estructuralmente jurídico.
Estuvieron presentes Ingrid Barón (Diputada a la Asamblea Nacional y Activista Lésbica), Richelle Briceño (Educadora, Abogada y Activista Trans), Giovanni Piermattei (Presidente de AC Venezuela Igualitaria), Emma Delgado (Activista Trans), Alexis Bolívar (Activista Gay de Rompiendo la Norma), Eliot Cairos (Activista Gay de Tinta Violeta), Ana Karyna Robles (Activista Lésbica), Alejandro Ulloa (Activista Trans), Isaura Guzman (Activista Lésbica), Dilberly Rodríguez (Activista Trans ex Diputada a la Asamblea Nacional), Miguel Franco (Activista Gay de Orgullo LGBTI) y el Defensor Delegado por la Sexodiversidad Gabriel Silva, entre otras personas defensoras de DDHH.
El centro del planteamiento: sentencias pendientes, derechos suspendidos
El eje medular de la reunión fue solicitar que la Defensoría del Pueblo asuma un acompañamiento activo y constitucionalmente firme con base en sus competencias establecidas en el artículo 15 de su Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en una serie de causas que reposan desde hace más de diez años en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. No se trata de expedientes abstractos: son derechos en pausa, vidas en espera, ciudadanías incompletas.
Entre los casos expuestos destacan:
• La demanda por inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil, que mantiene excluidas a las parejas del mismo sexo del matrimonio civil. Una sentencia definitiva favorable no solo repararía una discriminación histórica, sino que incidiría directamente en la discusión legislativa del proyecto de ley de matrimonio civil igualitario en la Asamblea Nacional.
• La demanda innominada por el derecho a la identidad de las personas trans, que exige ir más allá de soluciones parciales, para garantizar una identidad legal integral, coherente y libre de interpretaciones restrictivas.
• La aclaratoria urgente sobre el alcance real de la Sentencia N.º 0127/2023 relacionada con modificación parcial del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM). La ambigüedad del fallo ha permitido que, en la práctica, continúe aplicándose la penalización de la homosexualidad dentro de las Fuerzas Armadas, bajo argumentos de “moral”, “buenas costumbres” o supuesta afectación a la dignidad institucional, reproduciendo una discriminación incompatible con el orden constitucional vigente.
• La necesaria aclaratoria de la Sentencia N.º 1187/2016, ante la diversidad real de familias homoparentales y lesbomaternales y de los mecanismos de reproducción asistida existentes. Las organizaciones señalaron que la diversidad real de configuraciones familiares y de técnicas de reproducción asistida excede ampliamente el caso concreto que dio origen al fallo, generando vacíos jurídicos que hoy se traducen en obstáculos administrativos, trato desigual y nuevos litigios evitables. En este marco, se solicitó definir con claridad: los procedimientos aplicables a familias constituidas antes y después de la sentencia; los mecanismos para el reconocimiento de filiación; y criterios claros para la determinación del orden de los apellidos de hijas e hijos de estas familias, en igualdad de condiciones con otras configuraciones familiares. En todos estos puntos fuimos claros: no pedimos privilegios ni atajos administrativos; exigimos reconocimiento jurídico pleno, en igualdad de condiciones y sin discriminación.
Leyes y políticas públicas: avances que no sustituyen la igualdad
También se solicitó acompañamiento del anteproyecto de Ley Orgánica contra toda Forma de Discriminación, consignado por un equipo de activistas ante la Asamblea Nacional el 13 de mayo de 2026 con la intención de que sea introducido en plenaria como iniciativa legislativa.
Asimismo, diferentes activistas expusieron un conjunto de políticas públicas urgentes, algunas con respaldo jurídico, como:
• Vistas las atribuciones y competencias de la Defensoría del Pueblo incluyendo las que constan en la Decisión 17-0469 de la Sala Constitucional del TSJ que afirma que tienen la potestad junto al Ministerio Público para investigar violencias en materia de DDHH: acompañar casos de personas LGBTI criminalizadas, tanto civiles y efectivos de las FFAA, cuyos casos entregaremos en un próximo documento;
• un protocolo de atención policial que erradique las detenciones arbitrarias, las extorsiones y los tratos vejatorios contra las personas de la sexodiversidad. Soportada en la Resolución 160 del Ministerio de Interior, Justicia y Paz (2017), que ordena la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en los cuerpos de seguridad;
• la publicación en Gaceta Oficial del instructivo del CNE publicado en Gaceta Electoral 1025 del 13 de julio de 2023, para que se haga efectivo el cambio de nombre de personas trans en sede administrativa, sustentado en el artículo 147 de la Ley Orgánica del Registro Civil.
• Nombramiento oficial de Gabriel Silva como Defensor Delegado por la Sexodiversidad dentro de la Defensoría del Pueblo.
• Y otro conjunto amplio de propuestas de políticas públicas orientadas a cerrar brechas concretas de discriminación estructural. Entre ellas destacan la creación de una mesa interinstitucional permanente para articular respuestas del Estado; la implementación de un observatorio de crímenes de odio y vulneraciones de derechos humanos para visibilizar y sistematizar casos; y el fortalecimiento de mecanismos efectivos de recepción y seguimiento de denuncias, con presencia territorial más allá de Caracas. Asimismo, se insistió en la urgencia de políticas públicas en salud, incluyendo programas seguros de acompañamiento para la hormonización de personas trans, formación del personal sanitario y atención libre de discriminación; así como acciones en educación, vivienda y empleo que incorporen criterios de no discriminación e inclusión real. También se propuso impulsar campañas educativas nacionales sobre diversidad, formación obligatoria en derechos humanos para funcionarios y aspirantes a cargos públicos, el reconocimiento y reparación —aunque sea simbólica— de las violencias históricas sufridas por la población LGBTI, y la garantía del carácter laico del Estado en la formulación de políticas. En conjunto, estas propuestas evidencian que, aunque existen avances parciales, la respuesta estatal aún carece de una política integral, coordinada y estructural que garantice igualdad efectiva en la vida cotidiana.
Valoramos los avances y propuestas, pero lo decimos sin ambigüedades: ninguna política pública parcial sustituye el reconocimiento jurídico pleno. Sin igualdad ante la ley, estas medidas quedan siempre a merced de la discrecionalidad, la falta de aplicación o el retroceso.
La respuesta institucional: apertura sin compromisos
La Defensoría del Pueblo reconoció la existencia de vulneraciones y mostró disposición a mantener canales de diálogo abiertos, privilegiando el acompañamiento progresivo, la sensibilización y la apertura de puertas. No hubo un compromiso claro con el núcleo de lo exigido: reconocimiento pleno, acciones específicas y respuestas institucionales verificables.
Y aunque ese desplazamiento es políticamente relevante, esperamos en futuros encuentros, mesas de trabajo o a través de diligencias formales, podamos avanzar y evitar que nuestras instituciones decidan administrar la desigualdad en lugar de desmontarla.
Lo que está en juego
La reunión no evidenció una fractura interna del movimiento LGBTI venezolano, sino una pluralidad de urgencias y estrategias que la institución pudo interpretar como falta de jerarquización. Sin embargo, el análisis político del encuentro deja claro que el núcleo de la demanda es uno solo: igualdad jurídica plena, sin sustitutos, sin versiones atenuadas y sin dilaciones indefinidas.
El verdadero desafío para la Defensoría del Pueblo no es únicamente acompañar procesos, sino asumir su rol constitucional como garante activo de los derechos humanos, interviniendo con claridad en los espacios donde hoy se define —o se posterga— la ciudadanía plena de miles de personas LGBTI en Venezuela.
Seguiremos insistiendo en que la dignidad no se fragmenta, que no existen ciudadanías de segunda categoría y que los derechos humanos no pueden quedar subordinados a cálculos de oportunidad política o resistencia cultural.
Acompañamiento institucional es necesario, pero sin igualdad jurídica plena, no es justicia: es espera.