Cuando la igualdad se posterga, se abre terreno para el odio contra la diversidad. Caso Sauna Barquisimeto
No se trata de un hecho aislado. Este evento revive un precedente alarmante ocurrido en julio de 2023 en Valencia, estado Carabobo, cuando 33 hombres gays y bisexuales fueron detenidos en circunstancias similares: un allanamiento irregular, sin evidencias de delito, acompañado de exposición pública, vulneración de su privacidad y denuncias de extorsión. En aquel momento, más de 130 organizaciones nacionales e internacionales denunciaron lo ocurrido como una clara expresión de criminalización por orientación sexual.
Lo ocurrido en Barquisimeto plantea preguntas urgentes: ¿estamos ante la repetición de un patrón de actuación institucional? ¿Dónde queda el principio constitucional de igualdad ante la ley y la obligación del Estado de garantizar derechos sin discriminación?
Selectividad y doble rasero en la persecución
Un elemento particularmente preocupante es la evidente selectividad en este tipo de actuaciones. Establecimientos asociados a hombres homosexuales son objeto de allanamientos, estigmatización y criminalización, mientras que espacios de entretenimiento donde ocurren dinámicas similares entre personas cisheterosexuales no enfrentan el mismo nivel de vigilancia ni intervención punitiva.
Esta diferencia de trato no solo evidencia un sesgo institucional, sino que configura una práctica discriminatoria: se castiga no la conducta, sino la identidad de quienes participan. Este doble rasero reproduce desigualdad, legitima el prejuicio y convierte a la diversidad en blanco de control social.
No es fobia: es odio estructural
Nombrar correctamente estas violencias es fundamental. No estamos ante hechos aislados de “homofobia” entendida como un miedo irracional. Lo que presenciamos son expresiones de odio social estructurado, legitimado por prácticas institucionales que persiguen, estigmatizan y sancionan la diversidad sexual.
Como se ha planteado desde el activismo y la reflexión crítica:
“Los crímenes de odio no sólo violentan la vida de la víctima, sino que se transforman en un mensaje intimidante al grupo; y, ante la ausencia de sanción, se convierten en un mensaje apologético para potenciales agresores.”
Cuando agentes del Estado participan en estos actos sin consecuencias, el mensaje es aún más grave: se valida la persecución. Estas conductas no son trastornos individuales, sino prácticas ancladas en un sistema cis-heteropatriarcal que reproduce desigualdad y exclusión.
La urgencia de justicia con enfoque en delitos de odio
En Venezuela existe un instrumento jurídico claro: la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que establece sanciones frente a actos motivados por discriminación. Sin embargo, su aplicación ha sido profundamente desigual.
Casos como el de Barquisimeto exigen que las autoridades investiguen no solo posibles abusos de poder, sino que consideren la motivación discriminatoria como elemento central. La impunidad en estos contextos no solo revictimiza a quienes padecen estas violencias, sino que amplifica sus efectos sobre toda la población LGBTIQ+.
Hacer justicia tiene un impacto profundo y tangible: reduce el miedo, la culpa, la vergüenza y la sensación de desprotección. Permite a las víctimas y a la comunidad reconstruir confianza en las instituciones y reafirma que la dignidad humana no es negociable.
Entre derechos y silencios institucionales
Estos hechos ocurren en un contexto donde, paradójicamente, el Estado ha reconocido en espacios internacionales la importancia de erradicar la discriminación contra personas LGBTIQ+. Sin embargo, la brecha entre el discurso y la práctica sigue siendo alarmante.
En este sentido, resulta clave la solicitud realizada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez al Tribunal Supremo de Justicia, instando a la Sala Constitucional a desarrollar una doctrina sobre la diversidad como derecho humano fundamental. Esta respuesta no puede seguir postergándose. Una decisión clara del TSJ sentaría un precedente vinculante que oriente la actuación no solo de los cuerpos de seguridad, sino del sistema judicial y la administración pública y la sociedad entera, hacia el respeto efectivo de los derechos humanos de las personas sexo-diversas.
El momento de avanzar: legislación y garantías reales
Paralelamente, la reciente entrega a la Asamblea Nacional de una propuesta de Ley Orgánica contra toda forma de discriminación representa una oportunidad histórica. Este instrumento permitiría llenar vacíos legales, establecer mecanismos de protección efectivos y sancionar de manera coherente las violencias basadas en prejuicio.
Pero ninguna ley será suficiente sin voluntad política y compromiso institucional. Lo ocurrido en Barquisimeto demuestra que no basta con declaraciones: se requiere acción decidida, investigación imparcial y sanción efectiva.
Conclusión
El allanamiento en Barquisimeto no es solo un abuso policial: es un espejo de las deudas del Estado venezolano en materia de derechos humanos. Repetir los errores del pasado, como los ocurridos en Valencia en 2023, no puede ser una opción.
Garantizar justicia en estos casos no solo repara a las víctimas directas; también protege a toda la sociedad de un retroceso en libertades fundamentales. Porque cuando se persigue a una persona por ser quien es, se erosiona el derecho de todas y todos a vivir en dignidad. Hoy más que nunca, Venezuela necesita pasar de la interlocución a la acción, de las promesas a las garantías, y del silencio institucional a una respuesta firme que reconozca, sin ambigüedades, que la diversidad es un derecho humano fundamental. Pero este reconocimiento debe traducirse en la garantía efectiva de igualdad plena, condición indispensable para que cese el cuestionamiento sistemático a la dignidad de las personas LGBTIQ+.
En este sentido, resulta impostergable que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie sobre las demandas actualmente en espera vinculadas al reconocimiento de derechos —incluyendo el matrimonio igualitario, el reconocimiento pleno de las familias homoparentales en toda su diversidad, el derecho a la identidad, la protección contra la discriminación y las garantías de igualdad ante la ley, así como la no discriminación en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos de seguridad del Estado— lo cual respondería con claridad a la solicitud de desarrollar una doctrina que consagre la diversidad como derecho humano fundamental.
Sin decisiones firmes y vinculantes, la desigualdad seguirá operando como norma de facto. Con ellas, en cambio, se abriría el camino hacia un país donde ninguna persona sea perseguida, extorsionada o humillada por existir.
Es importante destacar que, en este caso, la rápida intervención de activistas LGBTIQ+, quienes contactaron a las víctimas y articularon denuncias ante la Fiscalía 98 del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, permitió activar mecanismos institucionales de respuesta. Para el momento, al menos 5 funcionarios involucrados han sido detenidos y las víctimas han logrado formalizar sus denuncias. Este hecho confirma que la acción organizada y la exigencia de derechos sí generan resultados, pero también evidencia que la justicia no puede depender únicamente de la urgencia del activismo, sino de garantías estructurales y permanentes del Estado.