Organizaciones LGBTIQ exigen al TSJ construir la doctrina sobre la diversidad resolviendo expedientes que superan diez años sin sentencia
Activistas sostuvieron una reunión con la magistrada ponente de los expedientes relacionados con los derechos de la diversidad sexual y de género y entregaron diligencias ante la Sala Constitucional.
Caracas, 29 de octubre de 2026.- Alrededor de treinta activistas pertenecientes a organizaciones, colectivos y movimientos de la población LGBTIQ+ se concentraron este jueves frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir avances y decisiones en una serie de acciones constitucionales que permanecen pendientes de resolución desde hace más de diez años.
La movilización fue convocada por la organización Orgullo Ve como una actividad previa a la Marcha del Orgullo 2026, reprogramada para este sábado 31 de octubre luego de haber sido suspendida en junio debido al doble sismo. La jornada estuvo encabezada por Richelle Briceño y Venezuela Igualitaria, organización accionante en los expedientes, junto al Centro Comunitario Pedro Zerolo, Arcoíris en Positivo, Criaturas Multicolores, Las Beguinas, la Diputada a la Asamblea Nacional Ingrid Baron y activistas independientes.
Desde las 9:00 de la mañana, con pancartas y consignas que recordaban la prolongada espera de respuestas por parte de la Sala Constitucional, las organizaciones participantes señalaron que diversas acciones judiciales promovidas en defensa de la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación continúan sin decisión definitiva, una situación que, a su juicio, compromete el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución.
Durante la actividad también se recordó que algunas de las personas que acudieron al máximo tribunal en busca de protección constitucional fallecieron sin haber obtenido una decisión sobre sus casos. Entre ellas, Madeleine Aponte y Rummie Quintero, cuyos nombres fueron reivindicados como símbolo del impacto humano que puede tener la demora judicial sobre quienes esperan justicia y reconocimiento de sus derechos.
Entre las exigencias planteadas destacó la solicitud de sentencia sobre la acción de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil y sobre la demanda por omisión legislativa relacionada con el reconocimiento del matrimonio civil igualitario. Asimismo, se reiteró la necesidad de decisiones que garanticen el derecho a la identidad de género de las personas trans, intersexuales y no binarias, así como la protección jurídica efectiva de las familias diversas ya existentes en Venezuela. En ese sentido, recordaron que continúan formándose familias mediante distintas realidades parentales y afectivas, pese a la ausencia de garantías claras para el reconocimiento de figuras como la doble maternidad y la doble paternidad.
De igual manera, solicitaron una aclaratoria respecto de la demanda interpuesta contra disposiciones del Código Orgánico de Justicia Militar, insistiendo en que la orientación sexual constituye una categoría protegida constitucionalmente y, por tanto, no puede ser utilizada como fundamento para la descalificación, discriminación o criminalización de persona alguna, incluidas aquellas que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Los activistas señalaron que estas solicitudes guardan estrecha relación con el llamado realizado en mayo de 2026 por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para que la Sala Constitucional desarrollara una doctrina sobre la diversidad como derecho humano fundamental. A juicio de las organizaciones, dicha doctrina puede construirse mediante la resolución de los expedientes pendientes, a partir de los principios constitucionales y de la jurisprudencia ya existente en materia de dignidad humana, igualdad y no discriminación.
Aproximadamente a las 11:00 de la mañana, una delegación fue recibida en la Sala Constitucional por la magistrada Tania D'Amelio, ponente de varios de estos expedientes. Durante el encuentro, la diputada Ingrid Barón, la activista Richelle Briceño, el activista Giovanni Piermattei y el abogado Kleidermin Henríquez expusieron directamente las razones que motivaron la movilización y la urgencia de obtener respuestas judiciales acordes con los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad y tutela judicial efectiva.
Los representantes de las organizaciones destacaron que su exigencia de justicia forma parte de los esfuerzos por fortalecer la paz, la convivencia democrática y el Estado Social de Derecho y de Justicia, al considerar que ninguna sociedad puede aspirar a la plena inclusión mientras sectores de su población permanezcan a la espera de respuestas sobre derechos humanos fundamentales.
Durante la reunión, la magistrada invitó a las organizaciones a continuar impulsando las diligencias necesarias para evitar que las acciones sean desestimadas, a insistir ante los órganos competentes en la implementación de mecanismos que permitan avanzar en el reconocimiento de la identidad de las personas trans y a mantener las labores de sensibilización y concienciación social sobre el derecho a vivir con dignidad y libres de violencia.
Aunque la magistrada expresó disposición al diálogo y exhortó a las organizaciones a continuar impulsando actuaciones procesales y labores de sensibilización social, no asumió compromisos concretos respecto de la revisión, priorización o pronta resolución de los expedientes planteados durante el encuentro.
Para las organizaciones asistentes, la reunión confirmó que, pese a que algunos de los casos superan una década de espera, continúa sin existir una respuesta institucional sobre el fondo de las demandas. En ese sentido, consideran que la construcción de la doctrina sobre la diversidad como derecho humano fundamental solicitada por la Presidenta Encargada sigue pendiente de materialización por parte de la Sala Constitucional a través de sentencias que resuelvan los expedientes actualmente en curso.
Como gesto simbólico, la delegación entregó a la magistrada una pancarta en memoria de Rummie Quintero, accionante por el derecho a la identidad de género que falleció sin haber obtenido una decisión definitiva sobre su causa.
Al concluir la jornada fueron consignadas nuevas diligencias ante la Secretaría de la Sala Constitucional y entregado un documento colectivo que recoge las principales demandas, preocupaciones y propuestas de las organizaciones participantes.
Las organizaciones convocantes reiteraron que continuarán impulsando acciones pacíficas, institucionales y democráticas hasta obtener respuestas efectivas a los expedientes planteados, insistiendo en que la doctrina sobre la diversidad como derecho humano fundamental no requiere nuevas declaraciones de principios, sino decisiones concretas que garanticen la tutela judicial efectiva, la igualdad y la dignidad de todas las personas y familias venezolanas.