Democracia y Estado de derecho: una conversación pendiente
Es común escuchar a dirigentes políticos, organizaciones sociales, activistas y defensores de derechos humanos hacer llamados a defender la democracia. Sin embargo, pocas veces se explica que la democracia no puede entenderse separada del Estado de derecho. Pues ¿qué sentido tendría elegir gobernantes si estos no estuvieran obligados a respetar la Constitución, los derechos humanos y los límites al poder?
Tiende a creerse que ambos términos son sinónimos. En realidad, se trata de conceptos distintos, pero inseparables. Si definimos la democracia como un sistema de gobierno en el que el poder político emana del pueblo a través de mecanismos de participación y representación política, mediante elecciones libres, periódicas y competitivas, esto exige que las decisiones reflejen la voluntad popular.
Mientras, el Estado de derecho definido como un sistema en el que el poder político está sometido a la ley, exige que esas decisiones de las mayorías respeten la Constitución, las leyes, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.
El Estado de derecho es el marco que hace que la democracia sea compatible con la libertad, la igualdad y la protección de las personas y grupos históricamente vulnerados.
De esta forma, ninguna autoridad, por poderosa que sea, puede actuar arbitrariamente, y tanto gobierno como ciudadanía están sujetos a normas jurídicas que protegen derechos y establecen límites al ejercicio del poder.
El Estado de derecho no es un complemento de la democracia; es una condición para que la democracia no se convierta en arbitrariedad.
El Estado de derecho garantiza que incluso las mayorías deban respetar la dignidad humana y los derechos de todas las personas, pues los derechos humanos no dependen de la popularidad de una causa ni de la voluntad circunstancial de quienes ejercen el poder.
Quizás una de las razones por las que el Estado de derecho suele recibir menos atención es que buena parte del debate público se ha concentrado en quién ejerce el poder más que en los límites que deben imponerse a ese poder. Con frecuencia se habla de democracia como si se tratara únicamente de elecciones, participación o representación política. Sin embargo, una democracia desprovista de controles institucionales y de respeto a los derechos humanos difícilmente puede considerarse una democracia plena. Cuando la discusión se limita a quién gobierna, corremos el riesgo de olvidar una pregunta igualmente importante: ¿cómo será ejercido ese poder una vez alcanzado y qué garantías existen para impedir que se ejerza arbitrariamente?
De hecho, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no define al país únicamente como una democracia. Su artículo 2 establece que Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. No se trata de una expresión casual. Las elecciones, por sí solas, no son suficientes para garantizar una sociedad libre y justa.
La Constitución venezolana va incluso más allá de la noción clásica de Estado de derecho. No concibe a las personas únicamente como destinatarias de las decisiones públicas, sino también como protagonistas del ejercicio de la soberanía. Por ello, el artículo 5 establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que todos los órganos del Estado emanan de esa soberanía y a ella están sometidos.
En otras palabras, la población no solo tiene derecho a ser protegida frente al poder: también tiene el derecho y la responsabilidad de participar en su construcción, control y orientación democrática. En consecuencia, un verdadero Estado democrático y social de Derecho y de Justicia también debe ser capaz de garantizar la participación activa de las personas en los asuntos públicos que afectan sus vidas y sus intereses.
La Constitución reconoce que la voluntad popular y los derechos humanos deben coexistir en armonía plena. Para ello es necesario que existan instituciones independientes, acceso a la justicia, rendición de cuentas y mecanismos capaces de limitar los abusos del poder.
Este no es un debate exclusivo de Venezuela. En distintas regiones del mundo existen gobiernos que llegaron al poder mediante elecciones y cuentan con importantes niveles de apoyo popular. Sin embargo, los debates públicos suelen girar alrededor de preguntas relacionadas con el Estado de derecho: la independencia judicial, la separación de poderes, la protección de grupos históricamente vulnerados, las libertades públicas, la transparencia o el respeto a los derechos humanos.
Las discusiones que hoy existen alrededor de decisiones gubernamentales en países tan distintos como Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Hungría o Brasil muestran precisamente que democracia y Estado de derecho son conceptos diferentes, pero necesariamente enlazados. Un gobierno puede haber sido elegido legítimamente y, aun así, generar debates sobre la forma en que ejerce el poder y sobre el alcance de los controles institucionales que limitan su actuación.
Si queremos evaluar la salud de una democracia, no basta con preguntar:
- ¿Hay elecciones?
- ¿La gente puede votar?
También debemos preguntarnos:
- ¿El poder judicial es independiente?
- ¿Los jueces pueden decidir sin presiones políticas?
- ¿Las autoridades rinden cuentas por sus actos?
- ¿Existen mecanismos efectivos para proteger los derechos humanos?
- ¿Las personas y grupos históricamente vulnerados pueden acceder a la justicia en condiciones de igualdad?
- ¿La Constitución limita realmente el ejercicio del poder?
Defender el Estado de derecho tampoco significa aceptar cualquier ley por el simple hecho de estar vigente. La historia está llena de ejemplos en que amplios sectores sociales apoyaron prácticas y leyes que hoy consideramos incompatibles con la dignidad humana, pero que justificaron la segregación racial, la violencia contra las mujeres o la criminalización de las personas LGBTI. La existencia de una ley nunca ha sido una garantía suficiente de justicia.
Un verdadero Estado de derecho reconoce que las instituciones deben asegurar que las normas sean compatibles con la dignidad humana, la igualdad y los derechos humanos. Cuando una ley produce discriminación o exclusión, las sociedades democráticas disponen de mecanismos para interpretarla, revisarla o modificarla.
Esta reflexión tiene una importancia especial para las personas y grupos históricamente excluidos. Los derechos humanos no existen para proteger aquello con lo que la mayoría está de acuerdo. Existen precisamente para proteger a todas las personas, incluso cuando sus derechos resultan impopulares o controvertidos.
Por eso los derechos humanos no pueden depender exclusivamente de encuestas, elecciones o mayorías circunstanciales.
La democracia nos dice quién ejerce el poder. El Estado de derecho nos recuerda que existen cosas que ninguna mayoría debería poder hacer.
La igualdad, la no discriminación y la dignidad humana no deberían depender de la popularidad de una causa, sino de la vigencia efectiva del Estado de derecho.
La pregunta ya no es únicamente si en Venezuela existe democracia. La pregunta también es si existe un Estado de derecho capaz de garantizar que cualquier gobierno, independientemente de quién lo ejerza, esté sometido a la Constitución, los derechos humanos y los límites al poder. Entendiendo además que, en Venezuela, el Estado de derecho tampoco puede entenderse sin la participación activa del pueblo como titular de la soberanía.
Quizás ha llegado el momento de ampliar una conversación que suele centrarse exclusivamente en la democracia, porque defender la democracia es defender la voluntad popular, pero defender el Estado de derecho es defender los límites al poder, la igualdad ante la ley y los derechos humanos de todas las personas.
Y una sociedad libre necesita ambas cosas.