Entre la contradicción y la dependencia: ¿Quién defiende realmente la Constitución en Venezuela?

El hecho de que sectores conservadores venezolanos acudan a autoridades extranjeras para tratar asuntos internos no es solo una contradicción: es una muestra clara de desprecio hacia nuestras instituciones, nuestra legislación y la autoridad del propio país.

Resulta profundamente incoherente invocar la defensa de una Constitución que establece que la jurisdicción sobre el territorio venezolano le corresponde exclusivamente a sus mecanismos internos, mientras, en la práctica, se intenta trasladar esos mismos asuntos fuera de nuestras fronteras.

Esta conducta no es ingenua. Es una renuncia deliberada a la soberanía nacional. Implica asumir que no se confía en el país, ni en sus instituciones, ni en su capacidad para resolver sus propios conflictos. Es, en el fondo, una negación del principio de autodeterminación.

A esto se suma la promoción de campañas impulsadas por plataformas internacionales como CitizenGO, que bajo consignas como “Respeto a la Constitución – Fuera la Agenda Woke” buscan presionar políticamente afirmando que en Venezuela se pretende imponer ideologías “foráneas” contrarias a la familia y al orden constitucional. Sin embargo, este tipo de iniciativas reproducen narrativas ideológicas globales y utilizan interpretaciones selectivas de la Constitución para rechazar transformaciones sociales y educativas contemporáneas, presentándolas como una amenaza a la identidad nacional.

La contradicción es evidente: se denuncia la influencia externa mientras se recurre a ella; se defiende la soberanía en el discurso, pero se debilita en la práctica.

Cuando un sector decide ignorar sus propias estructuras para buscar respuestas fuera del país, no solo se erosiona la legitimidad del sistema institucional, sino que se socava activamente la soberanía y se pone en duda el compromiso real con los intereses nacionales.

En este contexto, defender la Constitución no puede limitarse a citarla o invocarla. Implica también respetar los procesos que establece, reconocer la legitimidad de las instituciones y asumir la responsabilidad de actuar dentro del marco que ella misma define. Porque defender la Constitución no es convertirla en una herramienta discursiva, sino asumirla como una norma que obliga.

La pregunta, entonces, es inevitable:

¿Quién está defendiendo realmente la Constitución en Venezuela cuando se la invoca, pero no se la aplica en la práctica?