Entre derechos y migajas: por qué el reconocimiento legal pleno no puede seguir esperando
Es la tensión entre dos caminos:
• avanzar mediante políticas públicas parciales, o
• exigir el reconocimiento jurídico pleno de nuestros derechos.
No es una discusión menor. Es, en realidad, una discusión sobre el tipo de igualdad que estamos dispuestos a aceptar.
El argumento del “avance posible”
Durante años hemos escuchado —y muchas veces repetido— un razonamiento que parece sensato:
• “Algo es mejor que nada.”
• “Hay que avanzar poco a poco.”
• “Después vendrán los derechos más grandes.”
Desde esa lógica, se promueve la idea de que las políticas públicas —programas de salud, inclusión educativa, acceso a servicios— son un paso necesario hacia la igualdad.
Y sí, es cierto: estas medidas pueden aliviar condiciones, generar espacios de inclusión y responder a necesidades urgentes, pero la pregunta que realmente debemos hacernos es otra: ¿esto es igualdad o es apenas una forma de gestionar la desigualdad existente?
El problema estructural: políticas sin reconocimiento
El problema no está en las políticas públicas en sí, está en su lugar dentro del sistema. Cuando no existe reconocimiento jurídico pleno:
• nuestras familias no existen jurídicamente
• nuestras identidades no tienen reconocimiento legal
• nuestros derechos dependen de interpretaciones administrativas
Y entonces ocurre algo fundamental: las políticas públicas no resuelven la desigualdad, la administran.
No es lo mismo inclusión que reconocimiento
Hay una distinción que debemos sostener con claridad:
• Incluir es permitir participar dentro de un sistema desigual;
• Reconocer es transformar ese sistema para garantizar igualdad de derechos.
Por ejemplo: una política puede incluir a una pareja en un programa de adjudicación de vivienda, pero si esa relación no es reconocida como familia:
• no hay protección jurídica
• no hay estabilidad
• no hay igualdad ante la ley
La inclusión es frágil, es reversible y por tanto es insuficiente.
La ilusión del progreso sin transformación
Aceptar políticas sin reconocimiento pleno puede generar una ilusión peligrosa: la idea de que estamos avanzando, cuando lo estructural sigue intacto. Se resuelven algunos problemas inmediatos, pero no se transforma el sistema que los produce.
Y eso tiene efectos políticos claros:
• reduce el nivel de exigencia
• fragmenta la lucha
• le permite al Estado evitar decisiones estructurales
El principio constitucional que no podemos perder
La Constitución no habla de inclusión progresiva ni parcial. Habla de:
• igualdad
• dignidad
• no discriminación
Y no como aspiración, sino como mandato. Esto implica una consecuencia directa: No es suficiente diseñar políticas inclusivas si el ordenamiento jurídico sigue negando nuestra dignidad.
Cuando el derecho no reconoce, la política no sostiene
Las políticas públicas pueden cambiar y los gobiernos también. Sin reconocimiento legal:
• los avances no son permanentes
• los derechos no están garantizados
• la igualdad depende de voluntades
La protección no es estructural, es contingente.
La urgencia no puede justificar la renuncia
Es comprensible el cansancio. Son años —décadas— de acudir a instituciones, de insistir, de exigir, de esperar respuestas que no llegan. y en ese contexto, aceptar “algo” puede parecer necesario, pero hay que decirlo con honestidad: la urgencia no puede llevarnos a normalizar soluciones que no resuelven el problema de fondo.
El riesgo de negociar sobre nuestra igualdad
Cuando aceptamos avanzar sin reconocimiento jurídico pleno, ocurre algo que debemos mirar con cuidado: comenzamos a reducir nuestro propio horizonte de exigencia, no por falta de convicción, sino por agotamiento, por pragmatismo, por necesidad, pero allí es donde la claridad política es indispensable: No estamos luchando por beneficios. Estamos luchando por igualdad. Y la igualdad no puede fragmentarse en concesiones administrativas.
La coherencia como exigencia política
Aquí es donde la discusión debe hacerse más clara, incluso hacia dentro del propio movimiento. No basta con decir que queremos avanzar.Debemos definir hacia dónde avanzamos y bajo qué condiciones. Porque hay un riesgo real:
• si no clamamos a una sola voz que la lucha es por la igualdad legal plena,
• si no apuntamos sin descanso hacia las demandas que ya están ante la Sala Constitucional del TSJ,
• si seguimos aceptando avances parciales como sustitutos del reconocimiento,
entonces ocurre algo profundo: terminamos reproduciendo el ritmo del Estado, no el de los derechos. Y eso implica:
• desgaste constante
• avances aparentes
• estancamiento real
Porque, en la práctica: le estamos dando al Estado lo que quiere: tiempo, fragmentación y margen para seguir postergando decisiones estructurales.
No se trata de rechazar avances, sino de definir su lugar
Esta no es una postura en contra de las políticas públicas. Es una postura sobre su límite y su función.
• Las políticas deben acompañar el reconocimiento legal.
• No pueden sustituirlo.
Cuando lo hacen, dejan de ser herramientas de transformación y pasan a ser mecanismos de contención.
La igualdad no es gradual
Este es el punto más difícil de sostener, pero también el más importante: La igualdad no es un proceso que se alcanza poco a poco como si fuera una concesión progresiva. La igualdad es un principio que debe ser reconocido plenamente para poder ser garantizado efectivamente.
Sin reconocimiento no hay garantía
La lucha por los derechos de la población LGBTIQ+ no puede conformarse con administrar lo posible, debe seguir orientada hacia lo necesario, y lo necesario es claro:
• reconocimiento jurídico pleno
• igualdad sin discriminación
• dignidad garantizada, no condicionada
Aceptar migajas no es avanzar, es adaptarse a un sistema que todavía no reconoce nuestra igualdad.
🏳️🌈 Nuestros derechos no pueden depender de programas ni de decisiones administrativas, deben ser reconocidos en el derecho, porque solo así pueden ser garantizados en la realidad.