Defender derechos solo cuando conviene no es defender nada

Hacer activismo de derechos humanos en medio de una crisis profunda no es un ejercicio de pureza. Es, casi siempre, una práctica incómoda, llena de contradicciones, en la que cada decisión se toma bajo sospecha. Sobre todo, cuando implica algo que incomoda a mucha gente: sentarse con instancias de poder mientras otro grupo exige distancia absoluta, ruptura total y fidelidad sin matices.

En contextos de polarización extrema, el activismo deja de evaluarse por su impacto real en la vida de las personas, para hacerlo por su alineación con un relato, y entonces:

• Dialogar se convierte en traición.

• Escuchar, en complicidad.

• Insistir en derechos universales, en tibieza.

Pero la defensa de los derechos humanos no es una épica. No promete héroes, ni salvadores, ni finales inmediatos. Es un trabajo paciente que parte de una verdad incómoda: las víctimas existen incluso cuando el escenario político no es el ideal, y sus derechos no pueden esperar a que el conflicto se resuelva de forma “correcta”.

Negarse a todo contacto con el poder puede resultar moralmente satisfactorio, pero también puede convertirse en abandono. Porque las violaciones no se detienen por consignas firmes ni por silencios orgullosos.

Además, la creencia de que los derechos deben esperar a que las condiciones políticas sean las adecuadas, es una idea profundamente instalada que resulta peligrosa. Los derechos humanos no son premios que se otorgan cuando todo está resuelto. Se exigen, incluso —y sobre todo— en los contextos más adversos. En países de Europa del Este como Hungría y Polonia, activistas han continuado defendiendo derechos frente a un gobierno hostil, entendiendo que retirarse no transforma la realidad, solo la deja intacta. En América Latina, procesos recientes en Chile y Colombia, han evidenciado que los cambios en materia de igualdad no llegaron en escenarios perfectos, sino en medio de tensiones políticas profundas.

Asimismo, hemos visto cómo proyectos políticos en Argentina y El Salvador, que prometían libertad han terminado restringiendo políticas de género y diversidad cuando concentran poder sin límites institucionales.

El problema se agrava cuando ciertos liderazgos políticos comienzan a ser vistos como soluciones absolutas y la crítica deja de ser legítima y pasa a ser tratada como una amenaza.

• Se exige lealtad, no coherencia.

• Se exige fe, no pensamiento crítico.

La historia reciente, dentro y fuera de la región, lo ha dejado claro: los liderazgos que se presentan como salvadores suelen exigir algo a cambio, y lo que se pide, casi siempre, es la suspensión del pensamiento crítico. En ese punto, la promesa de cambio deja de ser democrática y se convierte en otra forma de subordinación, porque el problema no es solo el poder, también es cómo decidimos relacionarnos con él.

Los derechos humanos no son selectivos ni estratégicos. No se defienden en un país mientras se relativizan en otros. No se invocan contra unos abusos mientras se justifican otros, pero reconocer violaciones de derechos no implica suspender la acción frente a ellas.

Actuar en contextos complejos, incluso dialogando con instancias de poder, no es lo mismo que justificar o relativizar esas violaciones. Confundir ambas cosas no fortalece la defensa de los derechos humanos: la limita.

No se puede hablar de derechos como principio universal y, al mismo tiempo, callar o aplaudir cuando esos mismos derechos son vulnerados por quienes coinciden con nuestras posiciones políticas.

• Esa incoherencia no solo debilita el discurso, lo vacía por completo.

• No es defensa de derechos, es instrumentalización.

A esto se suma una realidad que pocas veces se nombra con suficiente claridad: la fragmentación dentro del propio movimiento.

No se trata solo de diferencias legítimas, se trata, muchas veces, de la dificultad para construir agendas comunes, de la incapacidad de reconocer otras formas de acción y de la tendencia a evaluar el activismo más por su alineación política que por su impacto real.

En ese contexto, terminamos compitiendo internamente en lugar de construir. Invisibilizando a otras personas en lugar de dialogar. Actuando de forma desarticulada, mientras la violencia que decimos combatir sigue presente en la vida cotidiana de las personas. Y ahí hay una responsabilidad estructural, pero también hay una responsabilidad compartida.

Porque el activismo no ocurre en condiciones ideales. Ocurre en medio de tensiones, de límites, de contradicciones. Y precisamente por eso exige algo más que convicción: exige claridad ética.

No todos los caminos son iguales, pero tampoco todos los desacuerdos son traiciones. El verdadero desafío es sostener principios incluso cuando eso no es cómodo, ni popular, ni rentable políticamente.

El activismo auténtico no promete victorias rápidas ni finales épicos. Lo que ofrece es algo más difícil de sostener: autonomía moral. La capacidad de actuar sin renunciar a los derechos humanos como principio, incluso cuando todo alrededor presiona para convertirlos en estrategia. Tal vez hoy el mayor acto de resistencia no sea elegir un bando, sino algo mucho más complejo: negarse a delegar la conciencia, porque cuando la defensa de los derechos humanos se convierte en un acto de fe, deja de ser defensa para convertirse en otra forma de poder. Y eso es precisamente lo que el activismo no puede permitirse.