COMUNICADO: CASO 33 hombres secuestrados por la PNB en Carabobo
COMUNICADO
El domingo 23 de julio, la Policía Nacional Bolivariana del estado Carabobo allanó de forma irregular un establecimiento privado, el “Sauna Avalon”, ubicado al norte de la ciudad de Valencia. Se llevaron detenidos arbitrariamente a 33 hombres gays (30 clientes, 2 trabajadores y al dueño), quienes fueron trasladados a las dependencias de la policía en camionetas descubiertas, se tomaron fotografías de los detenidos y de sus documentos de identidad, haciendo públicos sus rostros e identidades, incluso indicaron el estado serológico supuesto de uno de ellos.
No, no es una noticia de la persecución policial que vivíamos en el siglo pasado con la Ley de Vagos y Maleantes sino de la Venezuela actual, en pleno 2023.
Queremos hacer un llamado de alerta sobre estos hechos, ya que impactan la vida no sólo de las personas afectadas por esta injusta criminalización sino a toda la población LGBTI venezolana y a sus familias, pues implica un peligroso precedente que exponemos a continuación para su mayor entendimiento:
1. Ante la actuación de los medios de comunicación, los que, en su mayoría, sin hacer ningún tipo de análisis, reproducen toda esta información estigmatizante de forma irrespetuosa, pasando por alto las leyes de la República y su propio código de ética, cabe aplicar la Ley contra el Odio que en su artículo 13 prohíbe toda propaganda y mensajes a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia.
2. En cuanto a la actuación del Estado alertamos que tanto la Policía Nacional Bolivariana como el Ministerio Público llevaron a cabo procedimientos viciados de nulidad desde sus inicios, dejando claro que actuaban desde una homofobia institucionalizada, imputando delitos falsos fácilmente desestimables:
- Ultraje al pudor (Art. 381 del Código Penal), el cual para cometerse debe obligatoriamente ser en un espacio público y Avalon es un espacio privado, o expuesto a la vista del público, y no se puede considerar a los imputados como público.
- El agavillamiento (Art. 286 del Código Penal), no pudo ser cometido por cuanto no hubo delito de "ultraje al pudor".
Sin embargo, los delitos aquí los cometieron los funcionarios del Estado:
- Allanamiento sin orden judicial y sin persecución en flagrancia.
- Exponer al escarnio público las identidades y estatus serológico de los detenidos.
- Revisión de los celulares sin una orden para ello.
- 72 horas de aprehensión irregular.
- Se violaron las Normas del MPPIJ relativas a los Derechos de las Mujeres, a la Igualdad y la Equidad de Género en los Cuerpos de Policía en sus Distintos Ámbitos (Gaceta Oficial Nº 41.080 del 23 de enero de 2017) que invita a erradicar las conductas o situaciones de discriminación contra las mujeres y las personas sexo-género diversas, así como a velar por la atención oportuna e integral a las víctimas de discriminación y violencia por razones de género, y tomar las medidas para sancionar las actuaciones y resarcir víctimas en caso que se amerite. Recordamos que considerar que ser homosexual es un "ultraje al pudor" es discriminación, ya que la orientación sexual es uno de los supuestos de no discriminación del artículo 21 constitucional (Sentencia 190/2008 de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia) y a quienes se debe investigar y sancionar es a funcionarios y fiscales involucrados, como lo estipula la Ley ante la ausencia de un hecho punible posterior a la detención.
Esto lo evaluamos como el inicio de una enmascarada #HomofobiaDeEstado, que es la existencia de una discriminación y persecución sistemática a las personas por ser homosexuales por parte del Estado, a través de leyes y políticas públicas (no es el caso) o por la falta de leyes/políticas que nos protejan, o haya impunidad.
Es importante señalar que esta acción del Estado y la colaboración de medios de comunicación, periodistas y RRSS no solo constituyen un delito de odio por su acción directa sobre las 33 personas detenidas, sino que es un mensaje simbólico que somete a violencia simbólica y psicológica a millones de personas LGBTI venezolanas. Un mensaje que impacta en la forma en que nos percibimos a nosotras mismas, lo que llamamos auto odios, considerado internacionalmente un problema de salud pública. Además, estas acciones no solo ofenden a la población LGBTI, sino que contribuyen negativamente a la formación de la conciencia social, generando violencia hacia nuestras existencias.
Por lo que a las actuaciones de funcionarios del Estado se podría aplicar la Ley contra el odio e intolerancia que en su Artículo 20 expresa que quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados.
Incluso esta misma Ley considera un agravante por motivos de odio e intolerancia, cuando en su artículo 21 señala que será considerado como un agravante de todo hecho punible que sea ejecutado o incrementado por motivo de la pertenencia, real o presunta, de la víctima a determinado grupo racial, étnico, religioso o político, así como por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio. En estos casos la sanción aplicable será el límite máximo de la pena establecida para el hecho punible correspondiente.
Por último, hacemos un llamado a la sociedad venezolana en general a la empatía y el respeto de la dignidad de las personas LGBTI quienes somos hijos, hijas, tíos, tías, padres, madres, somos profesionales, obreros y vecinos. Nos dirigimos también a nuestras funcionarias y funcionarios del Estado, quienes tienen no sólo la posibilidad sino la OBLIGACIÓN de levantar su voz en contra de la injusticia y la violación de nuestras leyes. Entre todos podemos evitar más violencias y construir el país profundamente democrático y de respeto que todos merecemos.
Ver COMUNICADO completo aqui
El domingo 23 de julio, la Policía Nacional Bolivariana del estado Carabobo allanó de forma irregular un establecimiento privado, el “Sauna Avalon”, ubicado al norte de la ciudad de Valencia. Se llevaron detenidos arbitrariamente a 33 hombres gays (30 clientes, 2 trabajadores y al dueño), quienes fueron trasladados a las dependencias de la policía en camionetas descubiertas, se tomaron fotografías de los detenidos y de sus documentos de identidad, haciendo públicos sus rostros e identidades, incluso indicaron el estado serológico supuesto de uno de ellos.
No, no es una noticia de la persecución policial que vivíamos en el siglo pasado con la Ley de Vagos y Maleantes sino de la Venezuela actual, en pleno 2023.
Queremos hacer un llamado de alerta sobre estos hechos, ya que impactan la vida no sólo de las personas afectadas por esta injusta criminalización sino a toda la población LGBTI venezolana y a sus familias, pues implica un peligroso precedente que exponemos a continuación para su mayor entendimiento:
1. Ante la actuación de los medios de comunicación, los que, en su mayoría, sin hacer ningún tipo de análisis, reproducen toda esta información estigmatizante de forma irrespetuosa, pasando por alto las leyes de la República y su propio código de ética, cabe aplicar la Ley contra el Odio que en su artículo 13 prohíbe toda propaganda y mensajes a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia.
2. En cuanto a la actuación del Estado alertamos que tanto la Policía Nacional Bolivariana como el Ministerio Público llevaron a cabo procedimientos viciados de nulidad desde sus inicios, dejando claro que actuaban desde una homofobia institucionalizada, imputando delitos falsos fácilmente desestimables:
- Ultraje al pudor (Art. 381 del Código Penal), el cual para cometerse debe obligatoriamente ser en un espacio público y Avalon es un espacio privado, o expuesto a la vista del público, y no se puede considerar a los imputados como público.
- El agavillamiento (Art. 286 del Código Penal), no pudo ser cometido por cuanto no hubo delito de "ultraje al pudor".
Sin embargo, los delitos aquí los cometieron los funcionarios del Estado:
- Allanamiento sin orden judicial y sin persecución en flagrancia.
- Exponer al escarnio público las identidades y estatus serológico de los detenidos.
- Revisión de los celulares sin una orden para ello.
- 72 horas de aprehensión irregular.
- Se violaron las Normas del MPPIJ relativas a los Derechos de las Mujeres, a la Igualdad y la Equidad de Género en los Cuerpos de Policía en sus Distintos Ámbitos (Gaceta Oficial Nº 41.080 del 23 de enero de 2017) que invita a erradicar las conductas o situaciones de discriminación contra las mujeres y las personas sexo-género diversas, así como a velar por la atención oportuna e integral a las víctimas de discriminación y violencia por razones de género, y tomar las medidas para sancionar las actuaciones y resarcir víctimas en caso que se amerite. Recordamos que considerar que ser homosexual es un "ultraje al pudor" es discriminación, ya que la orientación sexual es uno de los supuestos de no discriminación del artículo 21 constitucional (Sentencia 190/2008 de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia) y a quienes se debe investigar y sancionar es a funcionarios y fiscales involucrados, como lo estipula la Ley ante la ausencia de un hecho punible posterior a la detención.
Esto lo evaluamos como el inicio de una enmascarada #HomofobiaDeEstado, que es la existencia de una discriminación y persecución sistemática a las personas por ser homosexuales por parte del Estado, a través de leyes y políticas públicas (no es el caso) o por la falta de leyes/políticas que nos protejan, o haya impunidad.
Es importante señalar que esta acción del Estado y la colaboración de medios de comunicación, periodistas y RRSS no solo constituyen un delito de odio por su acción directa sobre las 33 personas detenidas, sino que es un mensaje simbólico que somete a violencia simbólica y psicológica a millones de personas LGBTI venezolanas. Un mensaje que impacta en la forma en que nos percibimos a nosotras mismas, lo que llamamos auto odios, considerado internacionalmente un problema de salud pública. Además, estas acciones no solo ofenden a la población LGBTI, sino que contribuyen negativamente a la formación de la conciencia social, generando violencia hacia nuestras existencias.
Por lo que a las actuaciones de funcionarios del Estado se podría aplicar la Ley contra el odio e intolerancia que en su Artículo 20 expresa que quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados.
Incluso esta misma Ley considera un agravante por motivos de odio e intolerancia, cuando en su artículo 21 señala que será considerado como un agravante de todo hecho punible que sea ejecutado o incrementado por motivo de la pertenencia, real o presunta, de la víctima a determinado grupo racial, étnico, religioso o político, así como por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio. En estos casos la sanción aplicable será el límite máximo de la pena establecida para el hecho punible correspondiente.
Por último, hacemos un llamado a la sociedad venezolana en general a la empatía y el respeto de la dignidad de las personas LGBTI quienes somos hijos, hijas, tíos, tías, padres, madres, somos profesionales, obreros y vecinos. Nos dirigimos también a nuestras funcionarias y funcionarios del Estado, quienes tienen no sólo la posibilidad sino la OBLIGACIÓN de levantar su voz en contra de la injusticia y la violación de nuestras leyes. Entre todos podemos evitar más violencias y construir el país profundamente democrático y de respeto que todos merecemos.
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